Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Una ley no reglamentada sobre paneles solares implicaría una reducción del 20 al 80% en el ABL

Solar Cities 2014 sigue dando que hablar. Es que en el marco del “V Congreso Internacional Solar Cities”, organizado por la Agencia de Protección Ambiental, Sergio Abrevaya destacó la importancia de debatir sobre Energía y Cambio Climático, Construcción Sustentable y Generación Local de Energía. Pero remarcó, que “es imprescindible que el GCBA reglamente el incentivo económico que establece la Ley 4024 sobre Paneles Solares, para quienes decidan instalarlos. Aquellos que opten por este sistema, deberían obtener una reducción del 20 al 80% del tributo a pagar en concepto de ABL. Este es el primer paso hacia el ahorro energético en nuestra ciudad”.

“La creciente demanda energética producto del desarrollo de la Ciudad requiere que optemos por soluciones ecológicas, sustentables y renovables para satisfacerlas y además, apostar al futuro”, sostuvo Abrevaya, presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad.
El objetivo de la Ley es establecer un régimen de incentivos para promover el uso de sistemas de captación de energía solar, con el propósito de producir energía eléctrica, generar agua caliente o calefaccionar ambientes en los edificios o casas de la ciudad.
La Ley, autoría del ex legislador Sergio Abrevaya, establece que en las terrazas y techos de las viviendas y edificios de la Ciudad, se instalen paneles fotovoltaicos que permitan aprovechar la energía solar para generar electricidad, produciendo ahorro y evitando así la contaminación ambiental.
Las instalaciones solares aportan un importante ahorro de energía primaria y requieren poco mantenimiento. Además, tienen una media de vida útil de entre 20 y 25 años y sus costos se pueden calcular con exactitud.

UNA SERIE DE LEYES NO REGLAMENTADAS
La primera ley (Nº 3871), de octubre de 2011, apunta a crear acciones, instrumentos y estrategias adecuadas de mitigación y adaptación al cambio climático, para reducir la vulnerabilidad humana y de los sistemas naturales, en particular el establecimiento de “acciones y medidas mínimas de adaptación” en relación con el sector urbanístico, los espacios verdes y la regulación de las construcciones. Habla de evaluar el impacto del cambio climático sobre los sectores de transporte, de provisión de agua y del consumo de energía por vivienda. La mayoría de sus puntos no están reglamentados, y su avance es casi nulo. No hubo campañas de concientización, las normas de construcción sustentable se implementan especialmente en algunos edificios de la administración pública porteña, muy poco en los privados, y en cuanto a transporte limpio ni siquiera el Metrobus cumple con los requerimientos, porque son los mismos colectivos de antes, pero con carriles exclusivos.
Otra ley es la 4024, de enero de 2012, que apunta a sistemas de captación de energía solar, para que se fomente y promueva el uso de energías renovables. Tampoco está reglamentada. Entre sus objetivos figura el de disminuir el consumo de energía proveniente de fuentes no renovables, lo opuesto al anuncio de Macri en favor de los generadores, que además de contaminantes utilizan combustible fósil.
“La Ley 4086, sobre ‘Impactos en la Salud Debido al Cambio Climático’ que hubiera contribuido a minimizar las consecuencias de tragedias vinculadas al cambio climático y su impacto en la ciudad a través de la puesta en vigencia del Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático de la Ciudad fue vetada”, expresó el planificador urbano y regional, Manuel Ludueña, docente de la Facultad de Ingeniería de la UBA en Tecnologías Urbanas Sostenibles y también asesor en temas de energías y ambiente del ex diputado Francisco  “Tito” Nenna.
La Ley 4458, de abril de 2013, aborda el aislamiento térmico de edificios, pero no se reglamentó, por tanto no son aún obligatorias para las construcciones. Con ella se podría limitar un alto porcentaje de la demanda de energía para refrigerar y calefaccionar. Tampoco se efectivizó la resolución conjunta entre los ministerios de Hacienda y Ambiente y Espacio Público, de junio de 2012, la cual establece que las empresas que reduzcan el consumo energético en un 10% en comparación con el período anual anterior, tendrán un beneficio fiscal.

 
Fuente: www.palermonline.com.ar
 
Advertisements

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *